Un juicio en el que se ha dirimido la legalidad de la contratación de 7 altos directivos en la extinta empresa pública Divalterra. El proceso judicial termina con las defensas, entre ellas la del expresidente de la diputación, Jorge Rodríguez, "muy satisfechas" y "confiadas en la libre absolución" de sus clientes. Consideran que ha quedado acreditado que los contratos eran plenamente legales y que respondían a la necesidad de reestructurar la empresa mediante el nombramiento de personas cualificadas y de confianza. A lo largo del juicio estiman las defensas que se ha evidenciado, tanto por numerosos testimonios como por las pruebas documentales, que los directores de área no sólo acudían a trabajar, sino que ejercían funciones propias de altos directivos.

Además, las distintas periciales presentadas en la causa ponen de manifiesta que durante de la presidencia Jorge Rodríguez Divalterra siempre tuvo superàvit, mejoró su tesorería, desarrolló nuevas líneas de trabajo con menor gasto para la diputación, que pasó de destinar anualmente 23 millones de euros a 18 millones euros. Según estas periciales contables, fruto de la gestión de los directivos fue posible eliminar gastos que no respondían al objeto social de la empresa por importe de más de 5 millones de euros y se aprobaron una serie de despidos que generaron más de dos millones de ahorro en personal. En cuestiones previas, las defensas han alegado la indefensión sufrida durante la instrucción del caso por un secreto de sumario "excesivo en el tiempo", la negativa del juez a practicar pruebas, así como el retraso injustificado en el traslado incompleto de toda la documentación, al haberse revelado en las primeras sesiones la existencia de 2 "terabytes" de documentos que no habían sido entregadas a las partes.

“Proceso inquisitorial”

Entre las últimas intervenciones destaca la de Manuel Mata, abogado de uno de los exaltos cargos de Divalterra, quien incidia especialmente en criticar el proceso de instrucción, en una causa que según manifestaba "se ha montado por algo que no existe". Una instrucción "vulneradora de los derechos fundamentales, inquisitorial, en que la instrucción es un fin en sí mismo”, cuando una instrucción “no es para llevar a juicio a gente, es para saber".

Mata también criticaba la "vulneración absoluta del derecho de defensa con pruebas capadas", con una "investigación prospectiva", en la que no hubo hallazgos casuales, “sino una pesca selectiva con esa mirada sucia de que todo en política es corrupción". Una investigación en la que en los 2 “terabytes” incautados “están las contraseñas de todo el mundo, sus redes sociales, sus WhatsApp, la identidad digital de las personas" pero no de los denunciantes y del exdirector de los servicios jurídicos de Imelsa-Divalterra, José Luis Vera. Mata advertia que en breve va a llegar a manos de los abogados “10 terabytes de otro procedimiento”, en referencia al caso Azud, pero no van a trascender los correos de Vera, porque allí, según sus palabras, “se vería como se preparó este montaje y los correos con el fiscal”.